Comentario: La aplicación de las leyes de inmigración no es una solución al hacinamiento

El otoño pasado, me encontraba sentada en la oficina de mi distrito local, clasificando bolsas de dulces de Halloween para los más de 800 niños de Albany Park que participan en programas de «autobuses escolares a pie». Queríamos que cada estudiante celebrará la festividad con cierta sensación de normalidad, en medio de una campaña de ansiedad sancionada por el Estado que se ha prolongado durante meses.

De repente, el agudo y estridente sonido de unos silbatos hizo que todos saliéramos corriendo hacia el exterior. Nuestra concejala, su personal y vecinos comunes y corrientes estuvieron enfrentados de inmediato a una nueva confrontación con el ICE: nos dispararon proyectiles de pimienta, desplegaron armas químicas y, al mismo tiempo, fuimos agredidos tanto física como verbalmente. Al final, dos jóvenes fueron arrancados de nuestra comunidad.

Menos de un mes después, la Oficina de Gestión de Portafolio de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) envió un memorando a la directora ejecutiva, Macquline King, recomendándole que negara la solicitud de la Escuela Primaria Haugan para compartir instalaciones en el edificio situado en el 3729 de W Leland Avenue. Aunque el memorando señalaba que cada vez más familias locales elegían a Haugan —y que la escuela estaba reorganizando los horarios en un intento por adaptar el espacio disponible—, también proyectaba que el centro educativo no seguiría creciendo.

En un comentario, el memorando decía: «las acciones recientes del gobierno federal podrían afectar el crecimiento futuro dentro de la comunidad, la cual cuenta con un alto porcentaje de familias latinas e inmigrantes».

Nuestra comunidad sigue sintiendo la devastación provocada por el ICE: en la ausencia de nuestros vecinos, en los rostros de los niños cuyos padres continúan detenidos ilegalmente y en la acera vacía donde una abuela solía vendernos el café de la mañana. El impacto de esta violencia nos ha dejado conmocionados.

Sin embargo, para algunos dentro de las CPS, esto parece ser un remedio para la sobrepoblación escolar.

En Haugan, los niños con discapacidades aprenden en cuartos de almacenamiento. Los niños que buscan apoyo de salud mental se reúnen con los consejeros escolares en los pasillos, debajo de las escaleras y en los baños. CPS podría solucionar esto.

A menos de una cuadra de Haugan, en el edificio propiedad de CPS situado en el 3729 de W Leland Avenue, la Escuela Primaria North River recibe a sus estudiantes en el primer y segundo piso. Todo el tercer piso —que alguna vez albergó a la ahora cerrada Aspira Charter School— permanece desocupado.

La misma amplia autoridad que permite a CPS conseguir aulas modulares (remolques) y arrendar espacios para hacer frente al hacinamiento, le permite conceder un uso temporal y limitado de la escuela desocupada. Pero, al parecer, los líderes del distrito preferirían esperar y confiar en que la violencia del gobierno federal reduzca la matrícula en una escuela del vecindario.

Hoy, jueves 28 de mayo, durante la reunión de la Junta de Educación de Chicago, presentaremos una carta de la comunidad y una carta de los padres de Haugan, y haremos uso del derecho a realizar comentarios públicos para exigir que las CPS ejerzan su autoridad y concedan a Haugan el uso temporal del espacio vacante durante el próximo año escolar.

Maggie Cullerton Hooper es miembro del Consejo Escolar Local de la Escuela Primaria Hibbard, especialista capacitada en respuesta rápida con NWS Defense, y anteriormente se desempeñó como Comisionada Adjunta en el DCASE y como Directora de Filantropía y Alianzas de la Ciudad de Chicago. En 2024, se postuló sin éxito para formar parte de la Junta de Educación de Chicago.